25 de Mayo: jornada de protesta por la estabilidad del profesorado interino

Desde Docentes por la pública apoyamos la huelga del día 25 y la concentración en Sevilla pues creemos que se deben utilizar todas las herramientas para que la Consejería de Educación oferte TODAS las plazas conforme a la nefasta ley 20/21 y no aplique el actual criterio contrario a ley.

Desde Docentes por la Pública llevamos realizando asambleas desde principios de curso indicando lo necesario que era presionar para que la ley 20/21 estabilizara a las personas en situación de abuso de temporalidad. No ha sido así y ya la ley es insuficiente, pero en el ámbito de la enseñanza, a diferencia de otros ámbitos de la Administración, dos cuestiones han venido a empeorar la situación. El RD 270/2022 que supone peores condiciones para el acceso y el borrador de OPE en Andalucía que supone el incumplimiento de la ya por sí exigua ley 20/21.

Con todas estas mismas limitaciones las CCAA han actuado de forma diferente. Las que han publicado, o han firmado con los sindicatos actualmente y de las que se dispone de datos definitivos son Canarias y Cataluña. En el primer caso se convocan 5.722 plazas por la vía extraordinaria (correspondiendo el 75% a la vía de concurso) y el segundo caso se convocan 27.433 plazas (el 46% por la vía de concurso).

Sin embargo, la comunidad más poblada de España, Andalucía, con la mayoría del personal ocupando plazas de forma temporal gracias al concursillo, resulta que ha arrojado 3 datos. Se ofrecen 14.800 plazas en un primer momento, después se bajan a menos 5.000 (desglosadas en secundaria) y después se suben a menos de 6.000, sin descartar que la Consejería en una jugada electoral ya pactada no eleve la cifra otras 2.000 o 3.000 plazas más.

Queremos constatar que todas estas cifras son ridículas y la propia Consejería admite estar utilizando un método ilegal al calcular SOLO las plazas ocupadas solo por interin@s (la minoría) y excluyendo todas las ocupadas, en algún momento, de forma temporal por otro tipo de funcionario (la mayoría)- tal y como marca la ley.

Menos de 18.000 plazas, siendo además la mayoría por concurso, estaría lejos de estabilizar a la mayoría de la plantilla en abuso de temporalidad y además incumplirían la ley 20/21.

Es por ello que ante este incumplimiento flagrante de la legalidad la única manera posible de que la Consejería se vea obligada a dar los datos de las plazas ocupadas de forma temporal y por tanto cumplir con la ley 20/21 pasa por impugnar la OPE ante el TSJA y que sea un juzgado el que ponga luz y taquígrafos y haga que se cumpla la ya de por sí deficitaria ley 20/21.

Desde Docentes por la Pública pretendemos impugnar la Oferta de Empleo Público si se siguen sin dar datos sobre las plazas ocupadas de forma temporal y se siguen ofertando esta o similar ridiculez de plazas.

Animamos a todos los docentes a presionar a sus sindicatos para que impugnen la OPE por clara vulneración de la ley 20/21 o a que se unan a todas aquellas iniciativas grupales que se están llevando a cabo para realizarlo.

Sería inaceptable un incremento de plazas en 2000 o 3000 como estrategia política ya pactada.

Ello no supondría ningún cambio cualitativo y condenaría a la mayoría de la plantilla en abuso de temporalidad a la precariedad o al despido a los tres años.

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